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jueves, 27 septiembre 2018 / Publicado en Actualidad, Noticias

Amnistía Internacional presentó informe sobre seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela.

Amnistía Internacional presentó informe sobre seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela.

La organización destacó su preocupación ante el acelerado índice de homicidios, una de las principales causas del éxodo masivo de venezolanos.

Amnistía Internacional, una de las instituciones más reconocidas en la defensa de los Derechos Humanos a escala internacional, publicó un informe este 20 de septiembre, donde indica que Venezuela es uno de los países más violentos, con una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos recogidos en 2017.

 Esta tasa de homicidios es la segunda más alta del mundo después de Siria, donde se registra una prolongada guerra civil, con intervención internacional.

 La organización señala, además, que en el país no se castiga 90% de los homicidios, lo que configura una de las mayores tasas de impunidad de América Latina. El reporte titulado “Esto no es vida”, apunta que la situación de la vigencia y respeto de los Derechos Humanos en el país es alarmante.

El informe de la organización defensora de los DDHH desarrolla una victimología de la violencia en Venezuela donde se destaca que 95% de las víctimas de asesinato en 2017 fueron hombres; 60% de las víctimas tenían un rango etario entre 12 y 29 años; más de 80% residentes en sectores populares; y más de 50% padres de niños pequeños y con estudios secundarios.

Crisis humanitaria

El reporte también hace referencia a la falta de acceso al derecho a la salud y a la alimentación, como consecuencia del alarmante desabastecimiento que sufren a diario los venezolanos.

“Estamos viviendo una de las crisis de magnitudes más grandes en materia de la problemática de migración forzada en la región”, manifestó la directora de Política y Justicia Internacional de AI en Argentina, Mariana Fontoura Marques, quien presentó el informe junto a Beltrán.

Los indicadores revelados por el organismo de derechos humanos son realmente alarmantes.

En 2017, el 87% de los venezolanos se encontró en situación de pobreza, mientras que el 61,2% estuvo en la pobreza extrema. La hiperinflación en la que se encuentra sumido el país claramente contribuyó a que más personas hayan caído en la pobreza. Para fin de año, la estimación inflacionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI) es de casi un millón por ciento.

Estos déficits económicos logrados por las políticas del régimen también llevaron al peor desabastecimiento en la historia del país. Entre 2013 y 2017, se registró un 76% menos de importaciones de alimentos, mientras que el último año hubo un 85% de escasez de medicinas, de acuerdo a cifras de la Federación Farmacéutica Venezolana.

Ante este contexto, Fontoura Marques advirtió que “la crisis de Venezuela tiene un impacto importante para la región” y realizó un “llamamiento a la solidaridad internacional y al compromiso con la responsabilidad compartida”.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, al menos 2,3 millones de personas se fueron de Venezuela en los últimos años. Desde 2015, huyeron al menos 1,6 millones. De esa cifra, el 90% se recluyó en países sudamericanos, siendo Colombia (850.000-1.000.000), Perú (414.000) y Ecuador (250.000) los mayores receptores.

“La ONU ya está comparando esta crisis con las graves situaciones del mundo, como el caso del Mediterráneo”, apuntó Fontoura Marques. Beltrán, por su parte, recordó que Siria, después de más de siete años de guerra, tuvo más de cuatro millones de desplazados, mientras que, en los últimos dos años, más de dos millones de venezolanos huyeron de la crisis, según datos de ONU.

“La salida de la crisis exige un apoyo internacional”, aseguró la directora de Política y Justicia Internacional de AI en Argentina, y luego enumeró algunas medidas que se podrían aplicar para la recepción de venezolanos: “Garantizar el acceso al sistema de protección; garantizar el acceso a los derechos sociales, a los servicios públicos de cada país donde están; facilitar los trámites migratorios; compromiso a la no devolución de las personas; y solidaridad internacional a los países que están recibiendo”.

Lee el informe completo en: http://link.aiven.org/vida

Etiquetado bajo: Amnistía, DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD CIUDADANA

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